La medida, que modifica leyes clave sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos, amplía drásticamente el catálogo de actividades que Rusia considera vitales para su «defensa nacional y seguridad», permitiendo la nacionalización de activos bajo control extranjero.
El decreto establece umbrales específicos que marcan el nuevo límite de la propiedad privada en Rusia. Bajo esta normativa, cualquier yacimiento de petróleo con reservas de entre 50 y 70 millones de toneladas, o de gas entre 30.000 y 50.000 millones de metros cúbicos, pasa a ser considerado de importancia estratégica. Pero el impacto más fuerte se siente en la minería de metales críticos, el Estado podrá adueñarse de proyectos con reservas de oro de entre 30 y 50 toneladas y depósitos de cobre de hasta 500.000 toneladas.
El golpe a los minerales del futuro
La lista de Putin no es azarosa; apunta directamente a los minerales esenciales para la transición energética y la tecnología militar. El decreto incluye yacimientos de litio, cobalto, níquel, tierras raras, uranio, diamantes y metales del grupo del platino. Al calificar estos sectores como «estratégicos», Rusia prohíbe de facto que cualquier empresa dirigida por extranjeros explote estos recursos, una situación que se ha agravado tras la ruptura de relaciones con Occidente por la guerra en Ucrania.
En el sector pesquero, la medida también es contundente: cualquier compañía que genere más de la mitad de sus ingresos anuales a través de la pesca y supere un valor de mercado de 10 millones de dólares, podrá ser intervenida. Esto incluye la acuicultura de especies de alto valor como el salmón del Pacífico, consolidando un control estatal sobre la seguridad alimentaria y la generación de divisas.
Consecuencias para el mercado internacional
Esta ola de nacionalizaciones, que ya suma más de 100 empresas privadas en los últimos años, busca alimentar la maquinaria de guerra rusa en un contexto de sanciones internacionales asfixiantes.
Mientras Rusia cierra sus fronteras y confisca capitales, regiones como San Juan, respaldadas por marcos de seguridad jurídica como el RIGI en Argentina, se posicionan como el refugio natural para las mineras globales que huyen de la arbitrariedad política.
La ley rusa entrará en vigor en 90 días, marcando lo que muchos especialistas consideran el fin definitivo de la inversión extranjera segura en el subsuelo de la Federación Rusa.
