Las 25 pymes productoras de biodiésel del país paralizaron sus operaciones para el mercado interno, responsabilizando al Gobierno nacional por fijar precios de comercialización por debajo de los costos de producción. La medida fue anunciada por las cámaras CEPREB, CASFER y CAPBA, que representan a plantas ubicadas en Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe.
Según advirtieron en un comunicado, el atraso en los precios lleva 15 meses y la crisis se volvió insostenible, al punto de poner en riesgo el abastecimiento de biodiésel durante septiembre.
El reclamo del sector
De acuerdo con los datos de CEPREB, el Poder Ejecutivo fijó un precio de $1.408.687 por tonelada, mientras que el costo real de producción asciende a $1.641.000, y el precio de comercialización debería ubicarse en $1.691.000 para garantizar una rentabilidad mínima del 3%.
Las cámaras señalan que con esta situación “la mayoría de las pymes no podrán cumplir con el cupo asignado, lo que pone en peligro el abastecimiento de diésel para los consumidores argentinos”.
El marco legal
El sector está regulado por la Ley 27.640 de Biocombustibles, vigente hasta 2030, que establece cupos obligatorios y precios regulados para biodiésel y bioetanol. En Argentina, el biodiésel se mezcla con el gasoil en un 7,5%, mientras que el bioetanol (a base de maíz y caña de azúcar) se mezcla con las naftas en un 12%.
Denuncias contra la Secretaría de Energía
En la nota presentada a la Secretaría de Energía, las pymes remarcaron que “el desfasaje de precios no responde al biodiésel, sino a la propia política del Estado en acuerdo con refinadoras y expendedoras, que liberaron el precio de los combustibles líquidos y trasladaron las subas directamente a los consumidores”.
Además, las cámaras consideraron “inaceptable” que se condene a la parálisis a un sector estratégico para las economías regionales, cuando la actualización del biodiésel significaría un impacto de apenas $19 por litro en el surtidor, costo que podría ser absorbido por las refinadoras.
Las entidades remarcaron que mientras el aceite de soja y el diésel tienen precios liberados y se ajustan al alza con el tipo de cambio, el biodiésel permanece congelado, lo que los obliga a operar en pérdida desde hace más de un año.
“Este tratamiento rompe la seguridad jurídica y vulnera el derecho de propiedad, forzándonos a trabajar en quebranto durante 14 meses consecutivos”, concluyó la CEPREB.
