El Gobierno de Javier Milei tiene listo el decreto para avanzar con la privatización del 49% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según el texto, un 44% se pondrá a la venta en bloque a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante será destinado a los trabajadores, bajo un Programa de Propiedad Participada. De esta manera, el Estado Nacional conservará el control mayoritario de la empresa, en cumplimiento de la Ley de Bases 27.742, que exige mantener la participación mayoritaria del capital social.
La importancia de Nucleoeléctrica
Actualmente, NA-SA aporta el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con una potencia instalada de 1763 MW. Su participación es clave porque las centrales nucleares operan con altos factores de capacidad, lo que les permite generar electricidad de manera estable, a diferencia de las hidráulicas o renovables.
En 2024, la central Atucha I salió de servicio por 20 meses para llevar adelante un proyecto de extensión de vida útil por US$ 700 millones, que incluye la construcción de un almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados de Atucha II.
Cambios en la composición accionaria
Hoy, el 79% de las acciones de NA-SA pertenecen al Ministerio de Economía, un 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% a Enarsa. El decreto ordena transferir la totalidad de estas participaciones a la Secretaría de Energía, para luego avanzar en la licitación.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher, hombre cercano a Santiago Caputo y encargado de los procesos de privatización estatal.
Un antecedente en los años 90
No es la primera vez que se intenta privatizar las centrales nucleares. En 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, se constituyó NA-SA y se planificó la venta total de sus activos. Sin embargo, la resistencia sindical y política, sumada al bajo interés de los privados por los riesgos del sector nuclear, frustraron el proyecto impulsado por Domingo Cavallo y Carlos Bastos.
Hoy, tres décadas después, el debate sobre el rol del Estado en el sector nuclear vuelve a estar en el centro de la escena. La diferencia: NA-SA no es deficitaria, sino que en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones, lo que la convierte en un activo estratégico tanto desde el punto de vista energético como económico.
