La medida inaugura un modelo marginalista “adaptado” que busca atraer inversiones sin provocar aumentos bruscos en las tarifas.
Un paso hacia la liberalización del mercado
La decisión marca el primer cambio concreto en la política energética del Ejecutivo, que apunta a liberalizar progresivamente el mercado eléctrico mayorista (MEM) luego de dos décadas de administración estatal. La instrucción fue enviada de manera interna a Cammesa —la compañía que administra el despacho de energía— y constituye la base de la reforma que impulsa el oficialismo.
El FRA del 0,15 (15% del costo marginal horario del sistema) será el parámetro para determinar el precio de la energía spot hasta diciembre de 2026. A partir de 2027, el factor se elevará gradualmente hasta llegar a 0,35 en 2028, cuando venzan los contratos de gas para centrales térmicas.
Marginalismo adaptado
El esquema, a diferencia del marginalismo tradicional aplicado en los años ‘90, busca reflejar los costos reales de generación sin trasladar incrementos abruptos a las tarifas residenciales.
- Para los usuarios residenciales, no se prevén cambios en el precio de la energía.
- Para los grandes usuarios industriales, habrá un ajuste moderado en los precios spot, aunque menor al esperado por las generadoras.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a mantener controlado el impacto social y económico, al mismo tiempo que abre un margen de rentabilidad que incentive nuevas inversiones en generación.
Un mercado segmentado
El plan de Energía contempla la creación de tres espacios diferenciados:
- Mercado residencial o prioritario: abastecido con energía de contratos vigentes (RenovAr y resoluciones 21, 287 y 220).
- Mercado a término (MAT): para que industrias y grandes comercios cierren contratos de mediano plazo con generadores, similar al esquema del MATER para renovables.
- Mercado spot: que seguirá operando diariamente para cubrir excedentes de grandes usuarios y picos de demanda.
Incentivo a las baterías
Por primera vez, se fijó una remuneración especial para proyectos de almacenamiento de energía con baterías (BESS): US$ 9.000/MW-mes durante 10 años. El Gobierno considera que estas plantas aportan reserva y confiabilidad al sistema, tanto en la generación como en la distribución.
Un equilibrio pragmático
Al establecer un FRA reducido, el Ejecutivo optó por un camino gradual y pragmático, evitando cambios radicales que podrían desestabilizar la macroeconomía. El interrogante es si este nivel de rentabilidad será suficiente para atraer inversiones privadas en generación térmica y diversificación energética.
La reforma eléctrica marca un punto de inflexión: menos ambiciosa de lo esperado, pero orientada a construir un mercado más competitivo, estable y con incentivos para el desarrollo a mediano plazo.
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