El proyecto Vicuña busca invertir US$7.100 millones, pero la construcción de los 220 km de líneas eléctricas (con una inversión privada de entre US$400 y US$500 millones) ha generado un choque de jurisdicciones entre el ENRE (Nación) y el EPRE (Provincia).
El ambicioso horizonte de US$ 7.100 millones proyectado por el grupo Vicuña en la alta cordillera de San Juan ha tropezado con el primer gran dilema regulatorio de la era «post-Ley Bases». Lo que comenzó como un plan técnico para electrificar los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol, se ha transformado en un gallito de fuerza entre la autonomía provincial de San Juan y el nuevo esquema de inversión privada que impulsa el Gobierno Nacional.
A más de 4.200 metros de altura, el tiempo corre de una manera distinta. Actualmente, los campamentos y las tareas de exploración dependen de una costosa logística de YPF, que traslada gasoil en camiones para alimentar generadores eléctricos con una autonomía crítica de apenas 14 días. Para pasar de la exploración a la construcción real, el proyecto necesita «conectarse» al país, y es allí donde el cableado se enredó en la burocracia.
La apuesta de Vicuña: Invertir para conectar
Bajo el amparo de la Resolución 311/25 de la Secretaría de Energía de la Nación, la operadora presentó ante el ENRE un plan para desembolsar entre US$ 400 y US$ 500 millones de su propio bolsillo. El objetivo: construir 220 kilómetros de líneas de alta tensión y readecuar estaciones transformadoras para abastecer una demanda inicial de 260 MW.
A cambio de esta inversión que el Estado hoy no puede afrontar dado el riesgo país y la falta de margen fiscal, la empresa solicita la prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad de transporte generada por esa obra durante 25 años. «No es exclusividad sobre lo que ya existe, sino prioridad sobre lo que nosotros mismos vamos a construir», aclaran desde la compañía, apelando al principio de acceso abierto que rige el sistema eléctrico argentino.
Sin embargo, el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) de San Juan plantó bandera. A través de una «oposición fundada», el organismo sanjuanino calificó la pretensión de la empresa como un «ejercicio abusivo». El argumento central del EPRE es que la provincia ya está gestionando su propio plan de infraestructura mediante fideicomisos mineros y que ceder el 90% de la capacidad de una línea estratégica «subordina el interés general de la población a un interés privado».
Esta resistencia ha generado sorpresa en el sector, especialmente cuando el Gobierno de San Juan mantiene formalmente una relación «muy buena» con la operadora. Lo que subyace es una puja por el control de la infraestructura: quién decide dónde se conecta cada proyecto y bajo qué condiciones se administra la energía en una provincia que sueña con ser el polo cuprífero de Sudamérica.
Un caso testigo para el RIGI y la Ley de Bases
El conflicto de Vicuña es, en esencia, el primer gran examen para el modelo de obra pública financiada por privados. Si el ENRE nacional y el EPRE provincial no logran un punto de acuerdo que podría incluir una audiencia pública previa—, el inicio de las obras del mayor proyecto minero del país seguirá en suspenso.
La resolución de este caso marcará el precedente para otros gigantes mineros y energéticos. En un contexto donde la Argentina necesita desesperadamente divisas y exportaciones de cobre, la pregunta que queda flotando en el sector es clara: ¿Podrán convivir la planificación estratégica del Estado provincial con las reglas de juego de la inversión privada directa? Por ahora, el mayor proyecto de cobre del país sigue esperando que alguien, finalmente, suba la palanca.
