Mientras en las oficinas regulatorias de Buenos Aires todavía resuenan los ecos de la disputa técnica por el acceso a la red eléctrica, en las gélidas tierras de Vancouver se acaba de escribir un nuevo capítulo para la minería argentina.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, consolidó los términos de un acuerdo integral con las máximas autoridades de Vicuña Corp, el holding que comanda los megaproyectos Josemaría y Filo del Sol.
Este entendimiento no es solo un papel firmado; es la llave maestra que permite pasar de la retórica de inversión a la realidad de las máquinas en movimiento.
El encuentro, desarrollado en las oficinas centrales de la compañía en Canadá, es el corolario de meses de una diplomacia silenciosa pero efectiva.
Lo que Orrego trajo bajo el brazo es un esquema de «ganar-ganar» que desactiva las tensiones previas sobre la infraestructura. El acuerdo establece que la empresa se hará cargo de construir obras de soporte como las líneas de alta tensión que no solo servirán para extraer mineral a 4.200 metros de altura, sino que quedarán como un activo de uso público para la comunidad sanjuanina.
Se trata de un modelo de infraestructura de doble propósito que acalla las críticas sobre el «uso abusivo» de los recursos energéticos.
Pero el pacto va más allá del hormigón y los cables. El entendimiento incluye un compromiso financiero directo: la compañía aportará recursos para que el Gobierno provincial ejecute obra pública propia, fortaleciendo la logística minera pero también derramando beneficios hacia otros sectores productivos de San Juan. A cambio, la provincia garantiza un marco de estabilidad en las regalías, brindando esa «paz fiscal» que los mercados internacionales exigen antes de desembolsar miles de millones de dólares.
La agenda en Vancouver se completó con un respaldo de peso político y financiero global. Orrego mantuvo una reunión privada con Jack Lundin, figura central del Grupo Lundin, para repasar las perspectivas de inversión a largo plazo.
La señal es clara: San Juan se posiciona como el puerto seguro para el cobre en la región, logrando que los intereses provinciales y las necesidades corporativas converjan en un plan estratégico común.
Con los equipos técnicos y legales ya trabajando en la letra chica, se espera que en las próximas semanas San Juan sea el escenario de la firma definitiva.
Para la industria, este acuerdo marca el fin de la incertidumbre y el inicio de la cuenta regresiva para que el proyecto minero más grande del país comience, finalmente, a transformar el mapa económico de la Argentina.
